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Compromiso 10

Photo: Michael Benanav

Photo: Michael Benanav

 

Protección de los defensores de los derechos a la tierra

Respetar y proteger los derechos civiles y políticos de las y los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones relativas a la tierra, luchar contra la estigmatización y la criminalización de la protesta pacífica y el activismo en pro de los derechos a la tierra, y poner fin a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluidos el acoso, las amenazas, la violencia y la prisión por razones políticas.

Según un informe de Global Witness, en 2017 se asesinó en todo el mundo a 207ndefensores de la tierra y el medio ambiente. Nunca antes había habido un momento más crítico para proteger los derechos a la tierra y el medio ambiente y a las personas que arriesgan sus vidas para defenderlos.

Cada vez más personas de a pie se encuentran en la primera línea de la lucha para defender sus tierras y territorios del abuso corporativo o estatal y de la explotación insostenible. Muchas violaciones son invisibles, y la situación empeorará aún más a medida que la competencia por el acceso a los recursos naturales y el acaparamiento de tierras se intensifique en un contexto global de extrema desigualdad.

Los miembros de la ILC y sus socios se enfrentan a amenazas, criminalización, violencia, y homicidios por defender los derechos de las comunidades locales, los campesinos, los pastores nómadas y los pueblos indígenas a sus tierras y el medio ambiente.


Guatemala – una crisis de derechos humanos

En 2018 en Guatemala se ha asesinado a 18 destacados líderes comunitarios y trabajadores de los medios de comunicación, incluidos de los miembros de la ILC CODECA y CCDA. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la ola de asesinatos y han pedido a las autoridades que adopten medidas inmediatas para esclarecer los hechos y proteger a los defensores.

En agosto de 2018, como respuesta a una petición de los miembros en Guatemala, la ILC organizó una misión internacional de alto nivel, junto con Front Line Defenders, CIVICUS, Pastoral de la Tierra y UDEFEGUA. La misión visitó comunidades y habló con representantes del gobierno local y nacional, instituciones de derechos humanos, organismos de las Naciones Unidas y asociados internacionales para el desarrollo.

Los delegados se mostraron profundamente preocupados por sus hallazgos. Al final, se pronunciaron mediante una declaración: "El mensaje que hemos oído de los defensores en Guatemala es, ‘No somos delincuentes, no somos asesinos, simplemente queremos trabajar nuestra tierra y alimentar a nuestras familias’. Apoyamos su reivindicación.

Hemos descubierto que hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha logrado responder de manera eficaz para proteger a los defensores de los derechos humanos que están en situación de riesgo o investigar los crímenes que se han cometidos contra ellos. El gobierno está presidiendo en un clima de violencia en el que los defensores de los derechos humanos pueden ser asesinados con impunidad para sus verdugos y sin ningún temor a sanciones. Motivo de grave preocupación para nosotros es que los actos de violencia contra estos defensores han ido más allá de actos aleatorios para convertirse en un patrón sistemático de persecución.

No solo el Estado no logra defender los derechos humanos fundamentales, sino que está participando activamente en el desmantelamiento de las instituciones y los mecanismos de protección existentes. En lugar de defender los derechos humanos de los individuos y de las comunidades, los sistemas jurídicos y judiciales están siendo utilizados para promover los intereses de un Estado poderoso y grupos no estatales en detrimento de las comunidades locales, a menudo recurriendo a medios corruptos. Una amplia variedad de actores en Guatemala nos ha contado que el país ya no es una democracia operativa. En las reuniones con las comunidades, hemos escuchado una y otra vez que tienen la sensación de que el Estado les ha abandonado. Los reporteros comunitarios que denuncian la brutal realidad ahora son ellos mismos el blanco de los ataques.

La causa subyacente del conflicto social es el acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales. Es evidente que el Estado de Guatemala ha optado por dar prioridad a un modelo económico de desarrollo rural que enriquece a unos pocos a expensas de empobrecer a las comunidades, incentivar la migración y destruir el medio ambiente.

El Gobierno de Guatemala debe elegir entre abordar estas cuestiones como parte de un proceso de construcción de una sociedad más justa e igualitaria o mantener el statu quo, que solo tendrá como resultado una mayor polarización y penurias económicas para el pueblo de Guatemala. El punto de partida para construir un modelo de desarrollo rural más incluyente es el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Si las consultas de buena fe han de tener algún valor, el pueblo necesita confiar en que el gobierno actuará de conformidad con los acuerdos alcanzados con las comunidades. También es urgente acabar con la estigmatización de los defensores de los derechos humanos y reconocer la función legítima y positiva que desempeñan."

La misión elaboró un informe con recomendaciones al Gobierno de Guatemala, los asociados para el desarrollo, medios de comunicación internacionales y la sociedad civil. Su labor fue muy apreciada por los miembros. "Ahora el Gobierno se percata de que hay gente aquí", comentó un dirigente de CCDA, refiriéndose a la visibilidad que la misión y su cobertura en los medios de comunicación habían traído a su situación. También proporcionó lecciones importantes para la ILC sobre el papel que puede desempeñar en el apoyo a los miembros en contextos adversos como el de Guatemala.

Los principales medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales cubrieron la misión.


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Compromiso de la ILC con los defensores de la tierra y el medio ambiente

La ILC es consciente de que, para hacer frente a la delicada y frágil situación de los defensores a la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, es preciso contar con una sólida red de actores. Se ha desarrollado una estrategia sobre el compromiso 10, aprobada por los miembros de los grupos de referencia a nivel mundial y regional, que incluye un conjunto de iniciativas locales, nacionales, regionales y mundiales, así como el trabajo global de los miembros de la ILC y moviliza la diversidad de conocimientos especializados y capacidades para influir en los actores clave. La estrategia abarca la protección de emergencia, documentación y datos, promoción y fortalecimiento de la capacidad de los miembros para acceder a los distintos sistemas de protección.

Los esfuerzos para reforzar la capacidad de los miembros para acceder a los sistemas de protección de los derechos humanos como una alternativa a los sistemas de justicia nacionales empezaron en 2017, con un taller de ámbito mundial en Montevideo (Uruguay) que resultó en una alianza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al año siguiente, un ex comisario de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos impartió una formación a los miembros de la ILC en África que se centraba en el fomento de sus capacidades para acceder a sistemas regionales de protección de los derechos humanos.

La ILC, además de reforzar sus capacidades, está fortaleciendo su Fondo de emergencia para los defensores de la tierra y el medio ambiente en África, Asia y América Latina y está trabajando con otros socios, a través de la Coalición Defend the Defenders (Coalición DD), para establecer un mecanismo mundial de alerta y acción en situaciones de emergencia a fin de facilitar una intervención inmediata cuando se identifique una amenaza.

La ILC también está apoyando a la Coalición de DD para compartir protocolos y mejores prácticas, mejorar los datos, incrementar el intercambio de información y adoptar medidas conjuntas de cabildeo, promoción y campañas con miras a sensibilizar, generar una sensación de urgencia y asegurarse de que se adoptan medidas para combatir los abusos contra los defensores de los derechos humanos.

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