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Compromiso 1

Photo: IFAD

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Derechos de Tenencia Seguros

Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de las mujeres y hombres que viven en la pobreza, asegurando que nadie sea privado del uso y control de la tierra de la cual su bienestar y dignidad humana dependen, por ejemplo a través de desalojos, expulsión o exclusión, y asegurando que los cambios obligatorios en la tenencia de la tierra se lleven a cabo solamente de conformidad con el derecho internacional y los estándares de derechos humanos.

El Compromiso 1 es dominante y transversal por naturaleza; todas las actividades y acciones de ILC contribuyen a los derechos de tenencia seguros para las personas que viven en y de la tierra. Los 10 compromisos son una expresión de nuestra visión común y guían todos los niveles del trabajo de ILC en línea con nuestra Estrategia para 2016–2021. Nos ofrecen un punto de referencia para que todos los miembros trabajen hacia la consecución de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia (las VGGT, por sus siglas en inglés) y de otras herramientas acordadas a nivel internacional.

Con la aprobación de las VGGT en 2012, hoy en día convertidas en un documento de referencia mundial, ILC ganó una herramienta para su trabajo en gobernanza de la tierra centrada en las personas. ILC ha acogido las VGGT como un punto de referencia para políticas y prácticas y ha trabajado, en todos los niveles, para contribuir a su implementación. En mayo de 2017 la Coalición convocó el Foro VGGT+5 conjuntamente con FAO, organizando sesiones sobre tenencia de la tierra indígena y basada en la comunidad, plataformas eficaces de multi-actores y monitoreo,  contribuyendo además al documento resultante.

Las VGGT se utilizan actualmente para dar apoyo, por medio de Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI), a reformas sobre gobernanza de la tierra en un número de países, incluyendo Camboya, Colombia, Ecuador, Guatemala, India, Filipinas, Togo, Nepal, Madagascar, Camerún y Perú.

Los procesos ENI se complementan con Iniciativas basadas en Compromisos (IBCs) e incidencia global, además de con desarrollo de capacidades en herramientas e instrumentos regionales o globales que cubren elementos de la gobernanza de la tierra centrada en las personas. Siendo una red  global, ILC tiene que desempeñar el importante rol de trasladar las distintas perspectivas, a menudo, subrepresentadas, de su membresía a las discusiones mundiales que tienen impacto en la gobernanza y políticas de tierras a nivel país. ILC convoca, consulta y anima a la participación, la incidencia, a influir en actividades y los mensajes en políticas de los miembros en espacios mundiales de políticas, para asegurar que los derechos a la tierra estén en primera línea en los debates.

Entre las prioridades de ILC para el Compromiso 1 se encuentra su trabajo sobre tierras y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para los cuales el año 2017 marcó un hito significativo. ILC ha movilizado miembros y socios para enfatizar la importancia de los derechos a la tierra en la consecución de desarrollo sostenible. Los temas de tierras tuvieron una elevada consideración en la agenda global ODS, incluyendo en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, y los tres indicadores principales de tierras (1.4.2, 5.a.1, y 5.a.2) fueron reclasificados al Nivel II. Este éxito fue resultado de un importante esfuerzo colaborativo de muchos miembros y socios de ILC, incluyendo Global Land Tool Network (GLTN)/ONU-Habitat, Banco Mundial, FAO, Global Donor Working Group on Land, Indicadores Iniciativa Global Land (GLII), Landesa, Oxfam y la Comisión Huairou.

En la Conferencia anual sobre Tierra y Pobreza del Banco Mundial, miembros de la Coalición y de la Secretaría de ILC trasladaron al nivel mundial la pericia de la red, ampliando la discusión sobre tierras y, específicamente ,de los ODS. Se estableció un grupo de OSCs llamado 'grupo impulsador' (o momentum group en inglés) y se realizó una labor conjunta para mantener en lo más alto de la agenda ODS los temas de tierras, pudiendo así ir más allá de las discusiones técnicas en cuanto a indicadores.

Recursos


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Indicadores de Tierras ODS Reclasificados al Nivel (Tier) II

En sus dos reuniones en 2017, el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los ODS (IAEG-SDG, por sus siglas en inglés), reclasificó los indicadores de derechos a la tierra 1.4.2, 5.a.1 y 5.a.2, trasladándolos del Nivel III al Nivel II. Esta reclasificación se logró por medio de un esfuerzo conjunto de organizaciones internacionales (las agencias “guardianes” Banco Mundial, ONU-Habitat, FAO, y ONU Mujeres) que lideraron el desarrollo de la metodología para los indicadores.

Muchos miembros y socios de ILC han trabajado para que los derechos a la tierra tengan alta consideración en la Agenda 2030 y han estado involucrados en el desarrollo, pilotaje y defensa de los tres indicadores sobre derechos a la tierra y su reclasificación. ILC apoyó a miembros y socios y facilitó el trabajo conjunto y el alineamiento.

Según el Dr. Peter Messerli, Co-Presidente del grupo de expertos científicos elaborando el próximo Informe Mundial del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: “El potencial transformador de los indicadores relacionados con tierras es poder hablar de tierras ya no como un tema inquietante, sino como un tema con potencial para paliar la pobreza y lograr desarrollo sostenible.”

"Para mí, es sobre reconocimiento: el tema de tierras es un elemento central para la mejora, en general, de las metas de desarrollo. Es reconocido como parte del ecosistema completo del desarrollo," comentó Mino Ramaroson, Coordinadora Regional de África de la Comisión Huairou y Co-Presidenta del Consejo de ILC.

El Nivel II significa que estos indicadores tienen en la actualidad metodologías internacionalmente acordadas, comprobadas y listas para implementar, y que todas las oficinas nacionales de estadísticas saben cómo recolectar los datos. Para los indicadores 1.4.2 y 5.a.1, esto significa recolectar información por medio de encuestas de hogar y de datos administrativos; para el indicador 5.a.2, la recolección de información será en forma de análisis legal en cada país.

Además de ser una victoria principal para la comunidad de tierras, podría ser el inicio de un cambio profundo, con los derechos a la tierra reconocidos como centrales para la consecución de un desarrollo sostenible.

Tier II

El indicador está claro conceptualmente, tiene una metodología establecida a nivel internacional y los estándares están disponibles, pero los países no producen información de forma regular.

¿Cuáles son los tres indicadores de derechos a la tierra para los ODS 1 y 5 que están actualmente en el “Nivel (Tier) II”?

1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra que posee documentación reconocida legalmente al respecto y considera seguros sus derechos, desglosada por sexo  y tipo de tenencia.

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia.

5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de las tierras.


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Personas Trabajadoras Arrendatarias en Sudáfrica Ganan Demanda Judicial Colectiva contra el Gobierno

La asociación AFRA (Association for Rural Advancement) se asoció con la organización de derechos humanos LRC (Legal Resources Centre) para lanzar una demanda judicial colectiva contra el Gobierno de Sudáfrica, en representación de un grupo de personas residentes de granjas y conocidas como personas trabajadoras arrendatarias.

Bajo la Ley (Personas Trabajadoras Arrendatarias) Reforma Agraria de 1996, las personas trabajadoras arrendatarias obtuvieron derechos para solicitar la propiedad de la tierra que ocupaban. Sin embargo, el gobierno ha fracasado en la implementación de esta ley y 19.000 solicitudes siguen pendientes. AFRA y LRC buscaron utilizar las mejores prácticas internacionales para crear un mecanismo legal nuevo, a través de la designación de un “Maestro Especial” para supervisar la implementación de la provisión legal por el Departamento de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.

Su solicitud fue exitosa y el 8 de diciembre de 2016 resultó en un dictamen revolucionario, que constataba el fracaso del gobierno en el procesamiento de las solicitudes, proceso que fue declarado inconsistente con secciones de la Constitución, designando un Maestro Especial de Personas Trabajadoras Arrendatarias.

A continuación, el Departamento instauró un Proyecto especial para Personas Trabajadoras Arrendatarias, designando a un Jefe de Proyecto en marzo de 2017.  El Departamento también ha establecido foros nacionales y de distrito para personas trabajadoras arrendatarias en la provincia de KwaZulu Natal, donde se encuentra el número más alto de personas trabajadoras arrendatarias. Por vez primera en la provincia, las personas trabajadoras arrendatarias tienen la oportunidad de involucrarse de forma directa en la toma de decisiones relacionada con sus tierras.

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